Volver a ser ciudadanos, incluso para muchos tener esa categoría por primera vez. Esa fue la primera gran expectativa para los excombatientes que dejaban las armas e iniciaban el incierto camino del regreso a la legalidad.
La mayoría tenía miedo de dar el paso. Su vida en la guerra, en la clandestinidad, significaba perderlo todo: el colegio, la familia y hasta la identidad. Recobrar los nombres y los apellidos fue difícil. Algunos no recordaban su nombre de pila, otros tantos no querían recordarlo. Creían que si entregaban esa información a funcionarios del Estado se expondrían a retaliaciones, venganzas. Con el fantasma de la guerra persiguiéndolos, entregaron varios de los sobrenombres o alias que tuvieron durante el conflicto. Unos más, nunca supieron su nombre, tal vez nunca tuvieron el privilegio de ser registrados ante un notario.
De tal manera que ese primer paso, el de tener una identidad, una cédula, se convirtió para muchos en una tarea difícil. Este gráfico muestra la manera en que fue avanzando el proceso de cedulación (acreditación), el acceso a servicios como la salud, la afiliación a un fondo de pensiones y el derecho a tener una cuenta bancaria.
El proceso empezó desde el día en que las Farc, todavía armada como guerrilla, pasó los listados de sus integrantes y militantes. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz debía garantizar que todas y cada una de esas personas era efectivamente miembro de alguna de las estructuras de la insurgencia. Una vez hicieran dejación de sus armas individuales, cada hombre y cada mujer recibía un documento que acreditaba el desarme y le garantizaba acceder a derechos que tiene cualquier ciudadano.
Los listados se cerraron, según el gobierno, el 15 de agosto de 2017, día en el que terminó el proceso de dejación de armas. Ese universo de personas acreditadas, que a marzo llegaban a 12.397 personas, son las que hoy están oficialmente en la ruta de reincorporación.
A partir de esta acreditación empiezan otros procesos como la afiliación al sistema de salud (aunque inicialmente, en muchas ocasiones, el Gobierno lo hizo con alias y no con nombres de pila), a fondo de pensiones y la apertura de una cuenta bancaria, que le permitirá a cada excombatiente recibir las asignaciones que entrega el Estado ($8.000.000 de pesos una sola vez para un proyecto productivo y $700.000 pesos como renta mensual).
Aún faltan aproximadamente 1.500 por obtener esa acreditación. Cerca de 600 personas siguen privadas de la libertad, a la espera de que los jueces les otorguen la libertad por cuenta de la amnistía IURE o porque se acogen a la Jurisdicción Especial para la Paz. El resto son personas de las que no se conoce su paradero o que aún tienen problemas de identificación.
El proceso más lento es la obtención, por parte de los hombres, de su tarjeta militar. Según el Gobierno, muchos excombatientes no están interesados o no le encuentran utilidad a definir su situación militar y optan por ignorarla.
Publicado el 19 de abril de 2018.
