Nelson Eduardo Velandia Ortíz fue rector del Colegio Atahualpa, ubicado en la localidad de Fontibón en Bogotá, desde el año 2015 hasta el día de su muerte. Según la secretaria de rectoría del colegio, Velandia era un hombre muy amable y comprometido con el mejoramiento del colegio.

Como varios maestros del Distrito, Velandia hacía parte de la Casa Nacional del Profesor (Canapro), Cootradecun y Codema, entidades enfocadas al ahorro cooperativo de los docentes. Días antes de su muerte, Velandia había cumplido 44 años y había culminado una maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas en la Universidad de La Sabana en Bogotá.

Según varios medios de comunicación, el rector del colegio Atahualpa estaba comprometido no solo con los temas relacionados con la institución sino también con los problemas de expendio de drogas en la zona. Velandia evitaba que estas sustancias se vendieran cerca del colegio.

Velandia fue docente del Colegio Eduardo Umaña Mendoza y el Colegio Ciudad de Montreal en Bogotá. Sus familiares y amigos lo recuerdan como un hombre que buscaba que los estudiantes tuvieran acceso a educación de calidad e integral.

El docente de 44 años fue hallado muerto el 21 de septiembre de 2017 en su casa ubicada en el barrio El Tintal, al sur de Bogotá, luego de estar tres días desaparecido. Semanas antes a su muerte, Velandia había recibido amenazas de un estudiante del colegio donde era rector. Las causas de su muerte y los responsables son materia de investigación.

En Colombia, después del año 2000 se reglamentó la creación de un comité de amenazados en cada ente territorial donde se encontrara una Secretaría de Educación. Este comité fija un procedimiento de protección a docentes y directivos que se encuentren en situación de amenaza por su quehacer pedagógico.

En los últimos tres años, en Bogotá se han recibido cerca de 180 solicitudes por amenazas de docentes. Según Ismary Bernate, representante de ADE, en la capital del país los autores de las amenazas son principalmente estudiantes, padres de familia o jefes de bandas de microtráfico de drogas. En otras zonas del país, se integran actores armados, bandas criminales e incluso, la fuerza pública.